Ley de Economía Digital plantea desafíos de seguridad, identidad y continuidad

Ley de Economía Digital plantea desafíos de seguridad, identidad y continuidad. La iniciativa de Ley de Economía Digital, que avanzó en el Senado el 14 de octubre y sigue su proceso legislativo, busca ampliar la aceptación de pagos digitales en México, lo cual plantea un desafío que va más allá de la adopción tecnológica, ya que implica fortalecer la seguridad de las transacciones electrónicas, proteger la información de los usuarios y garantizar la continuidad de los servicios ante posibles incidentes.

Ante el avance de la iniciativa en el Senado, IQSEC identifica tres prioridades para fortalecer la protección de identidades, la seguridad de los pagos electrónicos y la continuidad de los servicios digitales.

“Una mayor dependencia de los medios electrónicos hace especialmente relevante evaluar la disponibilidad de los canales de pago, identificar dependencias tecnológicas y contar con mecanismos de respuesta y recuperación frente a interrupciones”, comentó Alicia Trejo, Gerente Ciberlegal de IQSEC. “Al margen del proceso legislativo, la expansión de los servicios digitales debe ir acompañada de mecanismos de seguridad capaces de sostener la confianza de instituciones, empresas y usuarios”, añadió.

Algunos aspectos destacados

Entre las disposiciones relevantes de la iniciativa destaca el reconocimiento de la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros, sin excluir otras formas de identificación oficial autorizadas. Asimismo, la propuesta también contempla el uso del Expediente Digital Ciudadano para facilitar la consulta y portabilidad de documentos e información, a solicitud de las personas usuarias.

“Estos mecanismos podrían simplificar la contratación de servicios financieros, sin embargo, su reconocimiento no supone, por sí mismo, la sustitución de obligaciones de identificación, autenticación y verificación que resulten aplicables a las instituciones financieras”, explicó la Gerente Ciberlegal de IQSEC.

Desde la perspectiva de IQSEC, reconocer una identidad digital no elimina los riesgos de suplantación. Las entidades deben evaluar controles de autenticación, validación de identidad, trazabilidad y protección de información que permitan detectar operaciones irregulares y responder ante posibles incidentes.

Otro aspecto relevante de la iniciativa es la facultad prevista para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrían convertirse en la única forma de pago aceptada.

La propuesta también contempla que las autoridades de los tres órdenes de gobierno adopten las medidas necesarias para aceptar medios de pago digitales en trámites y servicios públicos, incluyendo la habilitación de infraestructura para su recepción.

Asimismo, prevé medidas para atender contingencias que impidan recibir pagos electrónicos, permitiendo temporalmente el uso de efectivo o cheque cuando se presenten esas circunstancias. “Para las organizaciones, esto plantea un desafío operativo: contar con infraestructura disponible, mecanismos de recuperación y procedimientos que permitan mantener la prestación de servicios cuando los canales digitales fallen”, detalló Alicia Trejo.

3 prioridades para las organizaciones

Ante una eventual aprobación de la iniciativa, IQSEC identifica tres aspectos que las instituciones de crédito, los proveedores de bienes y servicios y las organizaciones involucradas en operaciones digitales pueden comenzar a evaluar:

1.- Identidad y autenticación confiable. Revisar los mecanismos de identificación, autenticación y prevención de suplantación de identidad, considerando los riesgos de cada operación y las disposiciones regulatorias aplicables.

2.- Seguridad e interoperabilidad de los ecosistemas de pago. Evaluar la protección de información, el monitoreo de transacciones, la prevención de fraude y la seguridad de las integraciones entre plataformas.

3.- Continuidad y resiliencia operativa. Evaluar la disponibilidad de los canales digitales, identificar dependencias tecnológicas y establecer procedimientos de respuesta y recuperación ante interrupciones.

“La confianza no depende solo de aceptar una identidad digital o de habilitar nuevos medios de pago, sino de contar con mecanismos para verificar a las personas, proteger su información y responder ante incidentes. La seguridad y el cumplimiento deben formar parte de esta transformación desde su diseño”, finalizó Alicia Trejo.

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