CDMX propone cobrar impuesto a apps de reparto con el 2%

La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México presentó esta semana adiciones al Código Fiscal de la capital, en donde plantea un impuesto de dos por ciento que tendrán que pagar las aplicaciones o plataformas dedicadas al reparto de alimentos o productos de cualquier tipo, pues “hacen uso de la infraestructura de la ciudad”.

Se trata de un impuesto similar al que ya se aplica a las plataformas que ofrecen transporte privado con chofer, como Uber o DiDi. Actualmente la Ciudad de México cobra un impuesto de 1.5% de cada viaje que realicen este tipo de aplicaciones. El recurso recaudado se destina a proyectos de movilidad y de sustitución y modernización de la flota de taxis públicos.

De acuerdo con la iniciativa para adicionar este impuesto, la pandemia por Covid-19 ocasionó una aceleración al crecimiento del comercio electrónico, beneficiando económicamente a las empresas dedicadas a la entrega de alimentos, productos o víveres, por lo que “deben contribuir” a la Ciudad de México.

De acuerdo con el Reporte sobre el Impacto del Covid-19 en Venta Online, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online, cinco de cada 10 empresas en México duplicaron su crecimiento en internet, y dos de cada 10 crecieron más de 300 por ciento sus ventas por internet.

La dependencia local que la propuesta no considera como sujetos obligados de pago de este impuesto a los repartidores, quienes también son vistos como usuarios de estas plataformas, ni a los comercios o empresas que ofrecen sus servicios y productos.

Sólo impactaría directamente a plataformas y aplicaciones como Uber Eats, Rappi, Mercado Libre, Amazon, iVoy y Didi Food, las cuales se dedican a entregas de alimentos y diversos productos a través de internet en varios puntos del país, especialmente en la Ciudad de México.

No se está gravando ni a los repartidores ni a los usuarios de estas, sino es directamente a la plataforma y es el 2 por ciento. No es trasladable, se cuidó en la presentación del código que no fuera trasladable el impuesto”, aseguró la secretaria de Finanzas, Luz Elena González.

La funcionaria añadió que el impuesto se causa directamente a la plataforma con sus declaraciones de una manera similar al impuesto que hace un año se hizo vigente para Airbnb.

“El aprovechamiento deberá pagarse en las formas y medios que establezca la Secretaría (de Administración y Finanzas), a más tardar el día quince de cada mes por el total que corresponda al mes inmediato anterior, especificando el número de entregas en el periodo indicado”, agrega el artículo.

La propuesta del Código Fiscal, que el Congreso de la Ciudad de México deberá discutir y en su caso modificar y aprobar a más tardar el 15 de diciembre, justifica el impuesto argumentando que “es claro que los nuevos modelos de negocio digital que actualmente han tenido un incremento en la Ciudad de México deben contribuir a esta entidad, misma que proporciona la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades”.

“Actualmente las personas físicas o morales que operan, utilizan y/o administran aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, han evolucionado ofertando la entrega de alimentos, paquetería, víveres o cualquier tipo de mercancía dentro de la Ciudad de México, y que para dicha prestación hacen uso, explotan y aprovechan la infraestructura capitalina (bienes de dominio público)”, remarca la propuesta.

Las compras por internet se espera que sigan avanzado a pasos acelerados en los siguientes años y crezca 226% para 2025, además representar alrededor del 24% del total de las ventas del sector retail en México.

De acuerdo con el estudio “El futuro del retail” de Euromonitor, desarrollado para Google, en estos 5 años el ecommerce representará el 58% del crecimiento total de las ventas, mientras que el 42% restante será de las tiendas físicas, por lo que, aunque estas están lejos de desaparecer en el país, tendrán que adaptarse al comercio digital, que llegó para quedarse.

De hecho, el lunes pasado la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración para que las micro, pequeñas y medianas empresas reciban descuentos al acceder a los servicios de paquetería y mensajería que ofrece la startup mexicana Cargamos México, empresa que con el modelo de dark store, es capaz de hacer entregas el mismo día en que las solicitó el usuario final.

Para la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad “es un hecho que el comercio electrónico ha reforzado la actividad económica global dado que se genera una reducción en los costos de las transacciones, a diferencia del comercio tradicional, lo cual produce una expansión del mercado que genera una riqueza adicional en la economía. Bajo este tenor, evidentemente el paradigma en el que se había desenvuelto la actividad económica ha cambiado”.

Las empresas dedicadas al sector del comercio electrónico han sostenido reuniones anteriormente con autoridades de la Ciudad de México para conversar sobre la implementación del impuesto

Diversas asociaciones expresan en un comunicado de prensa su preocupación y rechazo a la propuesta de crear un nuevo impuesto sobre los servicios de entrega gestionados a través de plataformas tecnológicas en la Ciudad de México.

Aseguran que el impuesto genera un impacto negativo directo en la economía de los negocios y repartidores que dependen de estas plataformas, pues representa una barrera a la innovación para la Ciudad de México al atentar contra los esfuerzos de reactivar la economía en un período complejo como la pandemia.

Comparten que este nuevo impuesto es inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional, pues contraviene la política del Gobierno Federal de NO crear nuevos impuestos.

Afirman que tendrá un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación.

 

Rechazan nuevo impuesto en CDMX

(ANTP), la Asociación Fintech México (FTMX), la COPARMEX Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE) y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) rechazan nuevo impuesto en CDMX por su impacto negativo a usuarios y negocios

Los organismos y asociaciones firmantes expresan su preocupación y rechazo a la propuesta de crear un nuevo impuesto sobre los servicios de entrega gestionados a través de plataformas tecnológicas a ser incluido en el artículo 307 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. El impuesto genera un impacto negativo directo en la economía de los miles de negocios y repartidores que dependen de estas plataformas.

La iniciativa propone la creación de un nuevo impuesto por el uso y explotación de la infraestructura capitalina dirigido a plataformas tecnológicas a través de las cuales las personas contratan la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía. Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. Adicionalmente, representa una barrera a la innovación para la Ciudad de México, pues atenta contra los esfuerzos de acompañar la reactivación económica en un período complejo como la pandemia.

De igual forma, contraviene la política del Gobierno Federal de NO crear nuevos impuestos, así como los acuerdos adquiridos por México ante la OCDE de no establecer más impuestos a la economía digital.

Un impuesto local por usar las calles no tiene precedente y es inconstitucional, va en contra del principio de equidad tributaria y además es una medida que daña a la economía digital, limitando la creación de valor económico y social, la cual, más allá de beneficiar a los usuarios y consumidores finales los afecta en gran medida.

Este nuevo impuesto resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación y, con ello, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios y a miles de repartidores que han encontrado en las plataformas digitales un medio de generación ganancias en estos tiempos de pandemia.

El nuevo impuesto aumentará los costos para los comercios, los restaurantes, las plataformas de pago, de logística, de última milla, de venta a domicilio y mercados en línea (marketplaces), entre otras plataformas intermediarias, promotoras y facilitadoras. De igual forma, aumentará los costos para el comercio minorista que complementa sus actividades u opera en su totalidad con apoyo de, o incluso utilizando sus propias plataformas, quienes son tratados de manera injusta por dicha propuesta y en general podría desincentivar el crecimiento de este sector que está generando un beneficio para la población por todos los incentivos que ofrece aunado a la creación de nuevas fuentes de ingreso.

La economía digital es un sector clave para la recuperación económica de la Ciudad. La contribución económica y social de esta industria es indiscutible. Este sector ya era una de las actividades económicas más importantes desde antes de la pandemia. A partir del Covid-19, la participación de la economía digital en la economía mexicana ha sido mucho mayor y con más alcance.

El nuevo impuesto sin duda alguna afectará la evolución de este sector, impactando directamente en consumidores y personas que encuentran aquí una fuente de ingresos. Uno de los principales objetivos de las asociaciones firmantes es transmitir la importancia que el internet, la tecnología e innovación y la economía digital tienen para la economía y el bienestar de los mexicanos.

Hacemos un llamado respetuoso al Congreso de la Ciudad de México para valorar los efectos negativos que tendrá este impuesto de manera participativa, transparente y en pleno respeto al marco constitucional.

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